Questões de Espanhol — gramática

En la última década, el número de motocicletas en circulación en América Latina creció a un ritmo muy superior al de los automóviles. La moto se volvió la herramienta de trabajo de miles de repartidores y mensajeros, que recorren a diario largas distancias con plazos cada vez más ajustados. Sin embargo, ese crecimiento tuvo un costo: los motociclistas ya representan cerca de la mitad de las víctimas fatales de tránsito en varios países de la región.

Los especialistas señalan que la mayoría de los siniestros no se debe a fallas mecánicas, sino a factores humanos, como el exceso de velocidad, el uso del celular al manejar y la falta de casco o su uso incorrecto. Un investigador de una universidad pública advierte que muchos conductores jóvenes aprenden a manejar solos, sin ninguna formación, y salen a la calle convencidos de que la experiencia se adquiere en el asfalto.

Aunque las autoridades han endurecido las multas, los controles en las rutas siguen siendo escasos durante la noche, cuando ocurre buena parte de los choques más graves. Por eso, organizaciones de víctimas reclaman campañas permanentes, y no solo en vacaciones, además de cursos gratuitos de conducción defensiva.

Las empresas de aplicaciones de reparto, a su vez, son blanco de críticas. Según los sindicatos, el sistema de pago por entrega empuja a los trabajadores a arriesgarse para cumplir más pedidos. Las compañías alegan que ofrecen seguros y capacitación en línea, pero reconocen que todavía no exigen ningún tipo de certificado a quienes se registran en sus plataformas.

Mientras tanto, los hospitales públicos cargan con un gasto creciente: un motociclista herido suele requerir largos periodos de internación y rehabilitación.

En la última década, el número de motocicletas en circulación en América Latina creció a un ritmo muy superior al de los automóviles. La moto se volvió la herramienta de trabajo de miles de repartidores y mensajeros, que recorren a diario largas distancias con plazos cada vez más ajustados. Sin embargo, ese crecimiento tuvo un costo: los motociclistas ya representan cerca de la mitad de las víctimas fatales de tránsito en varios países de la región.

Los especialistas señalan que la mayoría de los siniestros no se debe a fallas mecánicas, sino a factores humanos, como el exceso de velocidad, el uso del celular al manejar y la falta de casco o su uso incorrecto. Un investigador de una universidad pública advierte que muchos conductores jóvenes aprenden a manejar solos, sin ninguna formación, y salen a la calle convencidos de que la experiencia se adquiere en el asfalto.

Aunque las autoridades han endurecido las multas, los controles en las rutas siguen siendo escasos durante la noche, cuando ocurre buena parte de los choques más graves. Por eso, organizaciones de víctimas reclaman campañas permanentes, y no solo en vacaciones, además de cursos gratuitos de conducción defensiva.

Las empresas de aplicaciones de reparto, a su vez, son blanco de críticas. Según los sindicatos, el sistema de pago por entrega empuja a los trabajadores a arriesgarse para cumplir más pedidos. Las compañías alegan que ofrecen seguros y capacitación en línea, pero reconocen que todavía no exigen ningún tipo de certificado a quienes se registran en sus plataformas.

Mientras tanto, los hospitales públicos cargan con un gasto creciente: un motociclista herido suele requerir largos periodos de internación y rehabilitación.

Las fronteras secas entre los países del Mercosur se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad regional. A lo largo de miles de kilómetros, ciudades gemelas separadas por una calle o un arroyo conviven con el paso diario de trabajadores, comerciantes y turistas, pero también de cargamentos de cocaína y marihuana que tienen como destino los grandes centros urbanos y los puertos del Atlántico.

Según un informe elaborado por investigadores de varios países, las organizaciones criminales ya no actúan de forma aislada. Al contrario, establecen alianzas con grupos locales, a los que encargan el transporte, el almacenamiento y la distribución de la droga. Esa división de tareas dificulta la labor policial, porque la detención de un eslabón de la cadena rara vez afecta a toda la estructura.

El documento destaca también el papel de las rutas fluviales y de las pistas clandestinas, utilizadas por avionetas que vuelan a baja altura para eludir los radares. En tierra, los traficantes suelen esconder la droga en camiones que transportan granos, lo que obliga a los agentes a revisar toneladas de carga en pocos minutos.

Para los autores, la respuesta no puede limitarse al aumento de efectivos en los pasos fronterizos. Recomiendan que los gobiernos compartan bases de datos, creen equipos conjuntos de investigación y sigan el rastro del dinero, ya que el lavado de activos es lo que mantiene vivas a estas redes. «Si no se ataca el flujo financiero, se detiene al chofer, pero el negocio sigue intacto», resume uno de los investigadores.

Las fronteras secas entre los países del Mercosur se han convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad regional. A lo largo de miles de kilómetros, ciudades gemelas separadas por una calle o un arroyo conviven con el paso diario de trabajadores, comerciantes y turistas, pero también de cargamentos de cocaína y marihuana que tienen como destino los grandes centros urbanos y los puertos del Atlántico.

Según un informe elaborado por investigadores de varios países, las organizaciones criminales ya no actúan de forma aislada. Al contrario, establecen alianzas con grupos locales, a los que encargan el transporte, el almacenamiento y la distribución de la droga. Esa división de tareas dificulta la labor policial, porque la detención de un eslabón de la cadena rara vez afecta a toda la estructura.

El documento destaca también el papel de las rutas fluviales y de las pistas clandestinas, utilizadas por avionetas que vuelan a baja altura para eludir los radares. En tierra, los traficantes suelen esconder la droga en camiones que transportan granos, lo que obliga a los agentes a revisar toneladas de carga en pocos minutos.

Para los autores, la respuesta no puede limitarse al aumento de efectivos en los pasos fronterizos. Recomiendan que los gobiernos compartan bases de datos, creen equipos conjuntos de investigación y sigan el rastro del dinero, ya que el lavado de activos es lo que mantiene vivas a estas redes. «Si no se ataca el flujo financiero, se detiene al chofer, pero el negocio sigue intacto», resume uno de los investigadores.

Cada vez más ciudades instalan cámaras con reconocimiento facial en calles, estaciones y estadios. Sus defensores sostienen que la tecnología permite localizar en cuestión de segundos a personas con orden de captura y encontrar a niños perdidos. Sus críticos, en cambio, temen que el ciudadano común pase a ser observado de forma permanente sin haber cometido ningún delito.

El debate se intensificó después de que varios estudios demostraran que algunos sistemas fallan con mayor frecuencia al identificar a mujeres y a personas de piel oscura. En la práctica, eso significa que un inocente puede ser abordado por la policía solo porque el algoritmo lo confundió con un sospechoso. Una abogada especializada en derechos digitales recuerda que, aunque la máquina indique una coincidencia, la decisión final debe ser siempre de un agente humano.

Otra preocupación es el destino de las imágenes. ¿Quién las guarda, durante cuánto tiempo y con qué finalidad? En muchos municipios, los contratos con empresas privadas no responden a esas preguntas con claridad. Hay casos en que los datos se almacenan en servidores ubicados en el extranjero, fuera del alcance de las leyes nacionales de protección de datos.

Algunos países europeos optaron por restringir el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, salvo en situaciones excepcionales autorizadas por un juez. En América Latina, en cambio, la regulación avanza con lentitud, mientras las cámaras se multiplican. Para los especialistas, no se trata de rechazar la tecnología, sino de establecer reglas claras, auditorías independientes y mecanismos para que cualquier persona sepa si su rostro fue registrado.

Cada vez más ciudades instalan cámaras con reconocimiento facial en calles, estaciones y estadios. Sus defensores sostienen que la tecnología permite localizar en cuestión de segundos a personas con orden de captura y encontrar a niños perdidos. Sus críticos, en cambio, temen que el ciudadano común pase a ser observado de forma permanente sin haber cometido ningún delito.

El debate se intensificó después de que varios estudios demostraran que algunos sistemas fallan con mayor frecuencia al identificar a mujeres y a personas de piel oscura. En la práctica, eso significa que un inocente puede ser abordado por la policía solo porque el algoritmo lo confundió con un sospechoso. Una abogada especializada en derechos digitales recuerda que, aunque la máquina indique una coincidencia, la decisión final debe ser siempre de un agente humano.

Otra preocupación es el destino de las imágenes. ¿Quién las guarda, durante cuánto tiempo y con qué finalidad? En muchos municipios, los contratos con empresas privadas no responden a esas preguntas con claridad. Hay casos en que los datos se almacenan en servidores ubicados en el extranjero, fuera del alcance de las leyes nacionales de protección de datos.

Algunos países europeos optaron por restringir el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, salvo en situaciones excepcionales autorizadas por un juez. En América Latina, en cambio, la regulación avanza con lentitud, mientras las cámaras se multiplican. Para los especialistas, no se trata de rechazar la tecnología, sino de establecer reglas claras, auditorías independientes y mecanismos para que cualquier persona sepa si su rostro fue registrado.

Con la llegada del verano, millones de personas se preparan para recorrer en coche las rutas que unen las grandes ciudades con las playas y las sierras. Las autoridades de turismo celebran el movimiento, que genera empleos en hoteles, restaurantes y gasolineras, pero las agencias de tránsito advierten que las vacaciones concentran también un número elevado de accidentes.

Los expertos recomiendan planificar el viaje con antelación y revisar el estado del vehículo antes de salir: neumáticos, frenos, luces y nivel del aceite. También aconsejan hacer pausas cada dos horas, ya que el cansancio es una de las causas más frecuentes de los siniestros en trayectos largos. «Muchos conductores quieren llegar cuanto antes y no se detienen ni un rato para descansar», comenta un agente de la policía de carreteras.

Otro punto de atención son los tramos de montaña. Allí, la neblina y las curvas cerradas exigen velocidad reducida, sobre todo al cruzar el puente que da acceso a los pueblos más altos, donde el paisaje atrae a fotógrafos y ciclistas.

El sector turístico, por su parte, apuesta por las rutas gastronómicas. Pequeños productores ofrecen quesos, dulces de leche y vinos en ferias a la orilla de la carretera, lo que ha transformado la economía de comunidades que antes vivían solo de la agricultura. Las asociaciones locales, sin embargo, piden más señalización y arcenes más anchos, pues los vehículos que se detienen de forma improvisada en la calzada representan un riesgo para todos.

Con la llegada del verano, millones de personas se preparan para recorrer en coche las rutas que unen las grandes ciudades con las playas y las sierras. Las autoridades de turismo celebran el movimiento, que genera empleos en hoteles, restaurantes y gasolineras, pero las agencias de tránsito advierten que las vacaciones concentran también un número elevado de accidentes.

Los expertos recomiendan planificar el viaje con antelación y revisar el estado del vehículo antes de salir: neumáticos, frenos, luces y nivel del aceite. También aconsejan hacer pausas cada dos horas, ya que el cansancio es una de las causas más frecuentes de los siniestros en trayectos largos. «Muchos conductores quieren llegar cuanto antes y no se detienen ni un rato para descansar», comenta un agente de la policía de carreteras.

Otro punto de atención son los tramos de montaña. Allí, la neblina y las curvas cerradas exigen velocidad reducida, sobre todo al cruzar el puente que da acceso a los pueblos más altos, donde el paisaje atrae a fotógrafos y ciclistas.

El sector turístico, por su parte, apuesta por las rutas gastronómicas. Pequeños productores ofrecen quesos, dulces de leche y vinos en ferias a la orilla de la carretera, lo que ha transformado la economía de comunidades que antes vivían solo de la agricultura. Las asociaciones locales, sin embargo, piden más señalización y arcenes más anchos, pues los vehículos que se detienen de forma improvisada en la calzada representan un riesgo para todos.

En los últimos años, varios países latinoamericanos aprobaron leyes que tipifican el feminicidio y crean juzgados especializados en violencia contra la mujer. Aun así, las cifras siguen siendo alarmantes: según datos oficiales recopilados en la región, cada día decenas de mujeres son asesinadas por razones de género, en la mayoría de los casos por sus parejas o exparejas.

Las especialistas destacan que el feminicidio suele ser el desenlace de un ciclo de agresiones que empieza mucho antes, con humillaciones, control del dinero y aislamiento de la víctima respecto de su familia y amigos. Por esa razón, insisten en que la denuncia temprana puede salvar vidas. El problema es que muchas mujeres no denuncian por miedo, por depender económicamente del agresor o porque desconfían de que el Estado vaya a protegerlas.

Para enfrentar esa realidad, algunos gobiernos han creado líneas telefónicas gratuitas que funcionan las veinticuatro horas, refugios temporales y aplicaciones que permiten pedir ayuda con un solo toque en la pantalla. También se han extendido las medidas de alejamiento, que prohíben al agresor acercarse a la víctima. Sin embargo, su eficacia depende de que haya una fiscalización real: cuando la orden judicial no se cumple, la sensación de impunidad crece.

Otro frente es la prevención. Educadoras y psicólogas defienden que el tema se aborde desde la escuela, con debates sobre respeto e igualdad. «No basta con castigar; hay que cambiar la cultura que naturaliza el control y los celos», afirma una investigadora. La tarea, reconocen, es larga, pero los primeros resultados de algunos programas son alentadores.

En los últimos años, varios países latinoamericanos aprobaron leyes que tipifican el feminicidio y crean juzgados especializados en violencia contra la mujer. Aun así, las cifras siguen siendo alarmantes: según datos oficiales recopilados en la región, cada día decenas de mujeres son asesinadas por razones de género, en la mayoría de los casos por sus parejas o exparejas.

Las especialistas destacan que el feminicidio suele ser el desenlace de un ciclo de agresiones que empieza mucho antes, con humillaciones, control del dinero y aislamiento de la víctima respecto de su familia y amigos. Por esa razón, insisten en que la denuncia temprana puede salvar vidas. El problema es que muchas mujeres no denuncian por miedo, por depender económicamente del agresor o porque desconfían de que el Estado vaya a protegerlas.

Para enfrentar esa realidad, algunos gobiernos han creado líneas telefónicas gratuitas que funcionan las veinticuatro horas, refugios temporales y aplicaciones que permiten pedir ayuda con un solo toque en la pantalla. También se han extendido las medidas de alejamiento, que prohíben al agresor acercarse a la víctima. Sin embargo, su eficacia depende de que haya una fiscalización real: cuando la orden judicial no se cumple, la sensación de impunidad crece.

Otro frente es la prevención. Educadoras y psicólogas defienden que el tema se aborde desde la escuela, con debates sobre respeto e igualdad. «No basta con castigar; hay que cambiar la cultura que naturaliza el control y los celos», afirma una investigadora. La tarea, reconocen, es larga, pero los primeros resultados de algunos programas son alentadores.

La sequía que afecta a buena parte del sur del continente desde hace tres años ya no puede ser tratada como un fenómeno pasajero. Los embalses que abastecen a algunas capitales operan por debajo del 30% de su capacidad, y en varias localidades rurales el agua llega en camiones cisterna una vez por semana.

Los climatólogos explican que la falta de lluvias está asociada a variaciones naturales del océano Pacífico, pero advierten que el calentamiento global tiende a volver estos episodios más frecuentes e intensos. A eso se suma la deforestación, que altera el régimen de lluvias y reduce la capacidad del suelo de retener humedad.

La crisis tiene efectos que van más allá de los grifos vacíos. La producción de granos cayó, el precio de los alimentos subió y la generación hidroeléctrica disminuyó, lo que obligó a encender centrales térmicas, más caras y contaminantes. En las zonas ganaderas, muchos productores tuvieron que vender parte de sus animales porque no tenían cómo alimentarlos.

Frente a ese escenario, los expertos proponen medidas en distintos plazos. A corto plazo, campañas para reducir el consumo y la reparación urgente de las tuberías, por las que se pierde casi un tercio del agua tratada antes de llegar a las casas. A largo plazo, la recuperación de bosques en las cuencas, el reúso de aguas residuales en la industria y la agricultura y una gestión que considere el agua como un bien escaso, y no como un recurso inagotable.

«Durante décadas creímos que el agua sobraba. Ahora sabemos que hay que cuidarla gota a gota», resume una ingeniera hidráulica.

La sequía que afecta a buena parte del sur del continente desde hace tres años ya no puede ser tratada como un fenómeno pasajero. Los embalses que abastecen a algunas capitales operan por debajo del 30% de su capacidad, y en varias localidades rurales el agua llega en camiones cisterna una vez por semana.

Los climatólogos explican que la falta de lluvias está asociada a variaciones naturales del océano Pacífico, pero advierten que el calentamiento global tiende a volver estos episodios más frecuentes e intensos. A eso se suma la deforestación, que altera el régimen de lluvias y reduce la capacidad del suelo de retener humedad.

La crisis tiene efectos que van más allá de los grifos vacíos. La producción de granos cayó, el precio de los alimentos subió y la generación hidroeléctrica disminuyó, lo que obligó a encender centrales térmicas, más caras y contaminantes. En las zonas ganaderas, muchos productores tuvieron que vender parte de sus animales porque no tenían cómo alimentarlos.

Frente a ese escenario, los expertos proponen medidas en distintos plazos. A corto plazo, campañas para reducir el consumo y la reparación urgente de las tuberías, por las que se pierde casi un tercio del agua tratada antes de llegar a las casas. A largo plazo, la recuperación de bosques en las cuencas, el reúso de aguas residuales en la industria y la agricultura y una gestión que considere el agua como un bien escaso, y no como un recurso inagotable.

«Durante décadas creímos que el agua sobraba. Ahora sabemos que hay que cuidarla gota a gota», resume una ingeniera hidráulica.

La inteligencia artificial generativa llegó a las oficinas con una velocidad que sorprendió incluso a sus creadores. Programas capaces de redactar informes, resumir contratos y responder correos electrónicos ya forman parte de la rutina de bancos, despachos de abogados y hasta de organismos públicos. Para muchas empresas, la promesa es clara: hacer más en menos tiempo.

Un estudio reciente realizado con trabajadores de atención al cliente indica que el uso de asistentes virtuales aumentó la productividad, sobre todo entre los empleados con menos experiencia. Los más veteranos, en cambio, obtuvieron mejoras mínimas. Los autores sugieren que la herramienta funciona como una especie de tutor, que pone al alcance de los novatos el conocimiento acumulado por los colegas más antiguos.

No todo, sin embargo, son buenas noticias. Sindicatos y organizaciones laborales temen que la automatización elimine puestos de trabajo administrativos, en particular los que ocupan mayoritariamente mujeres. También preocupa la vigilancia: algunos sistemas miden el tiempo que cada empleado dedica a cada tarea y podrían usarse para despedir a quienes no alcancen las metas.

Hay, además, riesgos menos visibles. Los modelos pueden inventar datos con total apariencia de verdad, y un profesional apresurado puede firmar un documento con errores graves sin darse cuenta. Por ello, varias compañías ya exigen que todo texto producido por la máquina sea revisado por una persona antes de enviarse.

Para los especialistas, el desafío no es frenar la tecnología, sino preparar a los trabajadores. Quien aprenda a usar estas herramientas con criterio tendrá ventaja; quien las ignore corre el riesgo de quedarse atrás.

En las grandes ciudades latinoamericanas, el transporte público vive una paradoja. Mientras la población urbana no deja de crecer, el número de pasajeros de autobuses y trenes se ha estancado en la última década. Muchos usuarios han migrado hacia las motocicletas y las aplicaciones de transporte, que ofrecen rapidez, pero aumentan la congestión y los siniestros.

Un estudio elaborado por un grupo de urbanistas de una universidad pública señala que el trabajador promedio pasa casi dos horas diarias en desplazamientos. Para las familias de menores ingresos, que suelen vivir en la periferia, el billete puede representar hasta una quinta parte del salario. Por eso, cuando la tarifa sube, no es raro que algunos dejen de buscar empleo en el centro.

Los autores sostienen que la solución no pasa solo por construir más carriles exclusivos, sino por integrar tarifas y horarios. En las ciudades que adoptaron un billete único, el tiempo de espera en los transbordos se redujo y la demanda volvió a crecer. Aun así, advierten que ninguna medida funcionará si los vehículos siguen llegando llenos y con retraso.

Otro punto delicado es la financiación. Hoy, en la mayoría de los municipios, el pasaje cubre casi todo el costo del sistema. Los investigadores proponen que una parte de ese gasto sea asumida por quienes más se benefician de la movilidad, como los comercios del centro y los conductores de automóviles particulares, mediante tasas de estacionamiento o peajes urbanos.

«El autobús lleno a las siete de la mañana no es un problema de transporte: es un problema de ciudad», resumió una de las autoras. A su juicio, mientras el empleo siga concentrado en pocas zonas, cualquier inversión servirá solo para aliviar los síntomas.

En las grandes ciudades latinoamericanas, el transporte público vive una paradoja. Mientras la población urbana no deja de crecer, el número de pasajeros de autobuses y trenes se ha estancado en la última década. Muchos usuarios han migrado hacia las motocicletas y las aplicaciones de transporte, que ofrecen rapidez, pero aumentan la congestión y los siniestros.

Un estudio elaborado por un grupo de urbanistas de una universidad pública señala que el trabajador promedio pasa casi dos horas diarias en desplazamientos. Para las familias de menores ingresos, que suelen vivir en la periferia, el billete puede representar hasta una quinta parte del salario. Por eso, cuando la tarifa sube, no es raro que algunos dejen de buscar empleo en el centro.

Los autores sostienen que la solución no pasa solo por construir más carriles exclusivos, sino por integrar tarifas y horarios. En las ciudades que adoptaron un billete único, el tiempo de espera en los transbordos se redujo y la demanda volvió a crecer. Aun así, advierten que ninguna medida funcionará si los vehículos siguen llegando llenos y con retraso.

Otro punto delicado es la financiación. Hoy, en la mayoría de los municipios, el pasaje cubre casi todo el costo del sistema. Los investigadores proponen que una parte de ese gasto sea asumida por quienes más se benefician de la movilidad, como los comercios del centro y los conductores de automóviles particulares, mediante tasas de estacionamiento o peajes urbanos.

«El autobús lleno a las siete de la mañana no es un problema de transporte: es un problema de ciudad», resumió una de las autoras. A su juicio, mientras el empleo siga concentrado en pocas zonas, cualquier inversión servirá solo para aliviar los síntomas.

Cada año, miles de adolescentes abandonan la escuela antes de terminar la secundaria. Las estadísticas oficiales suelen atribuir el fenómeno a la pobreza, y no les falta razón: muchos jóvenes dejan las aulas para ayudar en casa o aceptar trabajos informales. Sin embargo, los especialistas insisten en que la falta de dinero no lo explica todo.

Una encuesta realizada con estudiantes de escuelas públicas reveló que casi la mitad de los que habían pensado en abandonar los estudios mencionaba el desinterés por las clases como motivo principal. «No veía para qué servía lo que me enseñaban», relató un muchacho de dieciséis años que hoy trabaja en un taller mecánico. Otros citaron el embarazo precoz, la violencia en el entorno escolar y la distancia entre la casa y el colegio.

Los investigadores subrayan que la deserción rara vez es una decisión repentina. Suele ir precedida de señales que la escuela podría detectar a tiempo: ausencias reiteradas, notas en caída, repeticiones de curso. Por ello, recomiendan sistemas de alerta temprana que permitan a los docentes identificar a los alumnos en riesgo y ofrecerles tutoría antes de que sea tarde.

Algunos gobiernos locales han optado por becas condicionadas a la asistencia. Los resultados son alentadores, aunque no definitivos: la permanencia aumenta mientras dura el beneficio, pero no siempre se traduce en mejor aprendizaje. Para los especialistas, el desafío es lograr que el joven perciba la escuela como un espacio que tiene sentido para su vida, y no solo como una obligación.

El costo de no actuar es alto. Quien abandona los estudios tiende a ganar menos, a enfermarse más y a tener menos oportunidades de participar plenamente en la vida pública.

Cada año, miles de adolescentes abandonan la escuela antes de terminar la secundaria. Las estadísticas oficiales suelen atribuir el fenómeno a la pobreza, y no les falta razón: muchos jóvenes dejan las aulas para ayudar en casa o aceptar trabajos informales. Sin embargo, los especialistas insisten en que la falta de dinero no lo explica todo.

Una encuesta realizada con estudiantes de escuelas públicas reveló que casi la mitad de los que habían pensado en abandonar los estudios mencionaba el desinterés por las clases como motivo principal. «No veía para qué servía lo que me enseñaban», relató un muchacho de dieciséis años que hoy trabaja en un taller mecánico. Otros citaron el embarazo precoz, la violencia en el entorno escolar y la distancia entre la casa y el colegio.

Los investigadores subrayan que la deserción rara vez es una decisión repentina. Suele ir precedida de señales que la escuela podría detectar a tiempo: ausencias reiteradas, notas en caída, repeticiones de curso. Por ello, recomiendan sistemas de alerta temprana que permitan a los docentes identificar a los alumnos en riesgo y ofrecerles tutoría antes de que sea tarde.

Algunos gobiernos locales han optado por becas condicionadas a la asistencia. Los resultados son alentadores, aunque no definitivos: la permanencia aumenta mientras dura el beneficio, pero no siempre se traduce en mejor aprendizaje. Para los especialistas, el desafío es lograr que el joven perciba la escuela como un espacio que tiene sentido para su vida, y no solo como una obligación.

El costo de no actuar es alto. Quien abandona los estudios tiende a ganar menos, a enfermarse más y a tener menos oportunidades de participar plenamente en la vida pública.

Las noticias falsas no son un invento de la era digital, pero nunca habían circulado con tanta velocidad. En pocas horas, un video manipulado o un audio sacado de contexto puede llegar a millones de teléfonos, mucho antes de que cualquier desmentido consiga alcanzar al mismo público.

Investigadores que estudian el tema señalan que la desinformación prospera, sobre todo, en momentos de incertidumbre, como emergencias sanitarias, catástrofes naturales o periodos electorales. En esas circunstancias, las personas buscan respuestas rápidas y tienden a compartir lo que confirma sus propias creencias, sin detenerse a comprobar el origen del mensaje.

Las plataformas digitales afirman haber reforzado sus mecanismos de moderación. Aun así, los críticos sostienen que los algoritmos siguen premiando los contenidos que despiertan indignación, ya que estos generan más interacciones y, en consecuencia, más ingresos publicitarios. Para ellos, mientras ese modelo de negocio no cambie, las medidas adoptadas serán insuficientes.

La respuesta tampoco puede limitarse a la censura. Varios especialistas advierten que leyes demasiado amplias podrían ser utilizadas para silenciar a periodistas y opositores. Por eso defienden una combinación de transparencia de las plataformas, apoyo al periodismo profesional y, especialmente, educación mediática desde la escuela.

Enseñar a desconfiar de titulares sensacionalistas, a buscar otras fuentes y a identificar imágenes alteradas no es tarea sencilla, pero los primeros programas muestran resultados prometedores. En una experiencia con estudiantes de secundaria, quienes participaron en talleres de verificación pasaron a reconocer con más facilidad los contenidos engañosos. «No se trata de decirle a la gente qué pensar, sino de darle herramientas para pensar mejor», resume una de las coordinadoras.

Las noticias falsas no son un invento de la era digital, pero nunca habían circulado con tanta velocidad. En pocas horas, un video manipulado o un audio sacado de contexto puede llegar a millones de teléfonos, mucho antes de que cualquier desmentido consiga alcanzar al mismo público.

Investigadores que estudian el tema señalan que la desinformación prospera, sobre todo, en momentos de incertidumbre, como emergencias sanitarias, catástrofes naturales o periodos electorales. En esas circunstancias, las personas buscan respuestas rápidas y tienden a compartir lo que confirma sus propias creencias, sin detenerse a comprobar el origen del mensaje.

Las plataformas digitales afirman haber reforzado sus mecanismos de moderación. Aun así, los críticos sostienen que los algoritmos siguen premiando los contenidos que despiertan indignación, ya que estos generan más interacciones y, en consecuencia, más ingresos publicitarios. Para ellos, mientras ese modelo de negocio no cambie, las medidas adoptadas serán insuficientes.

La respuesta tampoco puede limitarse a la censura. Varios especialistas advierten que leyes demasiado amplias podrían ser utilizadas para silenciar a periodistas y opositores. Por eso defienden una combinación de transparencia de las plataformas, apoyo al periodismo profesional y, especialmente, educación mediática desde la escuela.

Enseñar a desconfiar de titulares sensacionalistas, a buscar otras fuentes y a identificar imágenes alteradas no es tarea sencilla, pero los primeros programas muestran resultados prometedores. En una experiencia con estudiantes de secundaria, quienes participaron en talleres de verificación pasaron a reconocer con más facilidad los contenidos engañosos. «No se trata de decirle a la gente qué pensar, sino de darle herramientas para pensar mejor», resume una de las coordinadoras.

El número de personas obligadas a abandonar sus hogares alcanzó en los últimos años niveles sin precedentes. Conflictos armados, persecución política, crisis económicas y desastres climáticos empujan a familias enteras a cruzar fronteras en busca de seguridad. En América del Sur, varios países han recibido en poco tiempo a cientos de miles de migrantes, lo que ha puesto a prueba sus servicios públicos.

Conviene distinguir conceptos que con frecuencia se confunden. El refugiado es quien huye de su país por un temor fundado de persecución o por una violación grave y generalizada de derechos humanos, y goza de una protección internacional específica: no puede ser devuelto a un territorio donde su vida o su libertad corran peligro. El migrante económico, en cambio, se desplaza principalmente en busca de mejores condiciones de vida.

Las organizaciones humanitarias alertan de que los trayectos son cada vez más peligrosos. Sin documentos ni recursos, muchas personas recurren a redes de traficantes que cobran sumas elevadas y las exponen a robos, extorsiones y abusos. Los niños que viajan solos se encuentran entre los más vulnerables.

En las ciudades de acogida, el mayor desafío suele ser la integración. Validar títulos profesionales, aprender el idioma y conseguir un empleo formal puede llevar años. Mientras tanto, crecen en algunos sectores los discursos que culpan a los recién llegados por el desempleo o la inseguridad, aunque los estudios disponibles no confirmen esa relación.

Para los especialistas, los países receptores podrían beneficiarse si adoptaran políticas de inserción laboral rápidas. Muchos migrantes llegan en edad productiva y con formación, y su contribución puede ser decisiva en regiones que pierden población.

El número de personas obligadas a abandonar sus hogares alcanzó en los últimos años niveles sin precedentes. Conflictos armados, persecución política, crisis económicas y desastres climáticos empujan a familias enteras a cruzar fronteras en busca de seguridad. En América del Sur, varios países han recibido en poco tiempo a cientos de miles de migrantes, lo que ha puesto a prueba sus servicios públicos.

Conviene distinguir conceptos que con frecuencia se confunden. El refugiado es quien huye de su país por un temor fundado de persecución o por una violación grave y generalizada de derechos humanos, y goza de una protección internacional específica: no puede ser devuelto a un territorio donde su vida o su libertad corran peligro. El migrante económico, en cambio, se desplaza principalmente en busca de mejores condiciones de vida.

Las organizaciones humanitarias alertan de que los trayectos son cada vez más peligrosos. Sin documentos ni recursos, muchas personas recurren a redes de traficantes que cobran sumas elevadas y las exponen a robos, extorsiones y abusos. Los niños que viajan solos se encuentran entre los más vulnerables.

En las ciudades de acogida, el mayor desafío suele ser la integración. Validar títulos profesionales, aprender el idioma y conseguir un empleo formal puede llevar años. Mientras tanto, crecen en algunos sectores los discursos que culpan a los recién llegados por el desempleo o la inseguridad, aunque los estudios disponibles no confirmen esa relación.

Para los especialistas, los países receptores podrían beneficiarse si adoptaran políticas de inserción laboral rápidas. Muchos migrantes llegan en edad productiva y con formación, y su contribución puede ser decisiva en regiones que pierden población.

La expansión de la energía solar y eólica en América Latina avanza a un ritmo que pocos analistas habían previsto hace una década. Impulsada por la caída del precio de los paneles y de las turbinas, la generación renovable ya supera, en varios países de la región, a la obtenida a partir de combustibles fósiles.

El avance, sin embargo, trae desafíos nuevos. El sol y el viento no están disponibles a toda hora, y las redes eléctricas fueron diseñadas para recibir un flujo constante de energía de grandes centrales. Sin sistemas de almacenamiento, como baterías o centrales hidroeléctricas de bombeo, parte de la electricidad producida en los momentos de mayor generación termina desperdiciada.

Existe además un problema geográfico. Las mejores zonas de radiación solar y de viento suelen estar lejos de las grandes ciudades, lo que obliga a construir largas líneas de transmisión. Estas obras requieren inversiones elevadas y, con frecuencia, enfrentan la resistencia de comunidades rurales e indígenas que reclaman ser consultadas antes de que se instalen torres y parques en sus tierras.

Los defensores de la transición energética reconocen esos obstáculos, pero sostienen que el costo de no avanzar sería mucho mayor. Además de reducir las emisiones que agravan el cambio climático, las fuentes renovables disminuyen la dependencia de las importaciones de petróleo y gas, cuyos precios oscilan según las tensiones internacionales.

Para una investigadora del área de energía, la clave estará en planificar. «Instalar paneles es la parte fácil. Lo difícil es preparar la red, garantizar el almacenamiento y repartir de forma justa los beneficios con las regiones donde se produce la energía», afirma.

Las armas de fuego utilizadas por las organizaciones criminales rara vez se fabrican en el país donde se cometen los delitos. En buena parte de América Latina, fusiles y pistolas llegan por rutas de contrabando que aprovechan fronteras extensas, puertos con poca fiscalización y la corrupción de agentes públicos.

Un informe reciente elaborado por especialistas en seguridad pública muestra que muchas de las armas incautadas fueron adquiridas legalmente en otros países y luego desviadas al mercado ilegal. Algunas se compran en lotes pequeños, a través de intermediarios sin antecedentes penales, para no despertar sospechas. Otras se desmontan y viajan escondidas entre piezas de automóviles o electrodomésticos.

Las policías de la región han intensificado los controles en carreteras y aduanas, pero reconocen que las incautaciones representan solo una fracción del volumen que efectivamente entra. Según el informe, el rastreo de cada arma —es decir, la reconstrucción de su recorrido desde la fábrica hasta el delito— todavía es poco frecuente, ya que depende de bases de datos que no siempre se comunican entre sí.

Los autores recomiendan ampliar la cooperación internacional, estandarizar el marcado de las armas y de las municiones y capacitar a los agentes para identificar documentos falsificados. También destacan la necesidad de investigar el lavado del dinero obtenido con este comercio, que suele financiar otras actividades ilícitas.

El problema no es solo policial. Cada arma que cruza la frontera de forma clandestina aumenta la letalidad de la violencia urbana y, con ella, los costos para el sistema de salud y para las familias de las víctimas.

Las armas de fuego utilizadas por las organizaciones criminales rara vez se fabrican en el país donde se cometen los delitos. En buena parte de América Latina, fusiles y pistolas llegan por rutas de contrabando que aprovechan fronteras extensas, puertos con poca fiscalización y la corrupción de agentes públicos.

Un informe reciente elaborado por especialistas en seguridad pública muestra que muchas de las armas incautadas fueron adquiridas legalmente en otros países y luego desviadas al mercado ilegal. Algunas se compran en lotes pequeños, a través de intermediarios sin antecedentes penales, para no despertar sospechas. Otras se desmontan y viajan escondidas entre piezas de automóviles o electrodomésticos.

Las policías de la región han intensificado los controles en carreteras y aduanas, pero reconocen que las incautaciones representan solo una fracción del volumen que efectivamente entra. Según el informe, el rastreo de cada arma —es decir, la reconstrucción de su recorrido desde la fábrica hasta el delito— todavía es poco frecuente, ya que depende de bases de datos que no siempre se comunican entre sí.

Los autores recomiendan ampliar la cooperación internacional, estandarizar el marcado de las armas y de las municiones y capacitar a los agentes para identificar documentos falsificados. También destacan la necesidad de investigar el lavado del dinero obtenido con este comercio, que suele financiar otras actividades ilícitas.

El problema no es solo policial. Cada arma que cruza la frontera de forma clandestina aumenta la letalidad de la violencia urbana y, con ella, los costos para el sistema de salud y para las familias de las víctimas.

América Latina está envejeciendo más rápido que Europa en su momento. Lo que en los países europeos llevó más de un siglo —el paso de una población mayoritariamente joven a otra con gran proporción de adultos mayores— aquí ocurrirá en unas pocas décadas. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida explican el fenómeno.

Las consecuencias ya se sienten en los sistemas de jubilación. Con menos trabajadores en actividad por cada jubilado, las contribuciones no alcanzan para cubrir los pagos, y los gobiernos se ven obligados a elevar la edad mínima de retiro o a destinar más recursos del presupuesto público. Ninguna de las dos opciones es popular.

La salud es otro frente sensible. Las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, se vuelven más comunes con la edad y exigen tratamientos prolongados. Además, crece la demanda de cuidados de largo plazo, que en la región todavía recaen casi exclusivamente sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres, muchas de las cuales abandonan el empleo para atender a padres o suegros.

Hay, sin embargo, quien prefiere ver oportunidades en este escenario. Personas mayores más sanas y activas pueden seguir trabajando, consumir servicios nuevos y participar en la vida comunitaria. Para que eso ocurra, señalan los expertos, es necesario invertir en prevención, adaptar las ciudades —con aceras seguras, transporte accesible y espacios de convivencia— y combatir la discriminación por edad en el mercado laboral.

El reloj demográfico no se detiene. Los países que planifiquen ahora tendrán más margen para enfrentar los cambios; los que esperen deberán hacerlo con urgencia y con menos recursos.

América Latina está envejeciendo más rápido que Europa en su momento. Lo que en los países europeos llevó más de un siglo —el paso de una población mayoritariamente joven a otra con gran proporción de adultos mayores— aquí ocurrirá en unas pocas décadas. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida explican el fenómeno.

Las consecuencias ya se sienten en los sistemas de jubilación. Con menos trabajadores en actividad por cada jubilado, las contribuciones no alcanzan para cubrir los pagos, y los gobiernos se ven obligados a elevar la edad mínima de retiro o a destinar más recursos del presupuesto público. Ninguna de las dos opciones es popular.

La salud es otro frente sensible. Las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, se vuelven más comunes con la edad y exigen tratamientos prolongados. Además, crece la demanda de cuidados de largo plazo, que en la región todavía recaen casi exclusivamente sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres, muchas de las cuales abandonan el empleo para atender a padres o suegros.

Hay, sin embargo, quien prefiere ver oportunidades en este escenario. Personas mayores más sanas y activas pueden seguir trabajando, consumir servicios nuevos y participar en la vida comunitaria. Para que eso ocurra, señalan los expertos, es necesario invertir en prevención, adaptar las ciudades —con aceras seguras, transporte accesible y espacios de convivencia— y combatir la discriminación por edad en el mercado laboral.

El reloj demográfico no se detiene. Los países que planifiquen ahora tendrán más margen para enfrentar los cambios; los que esperen deberán hacerlo con urgencia y con menos recursos.